FUENTE: elcomercio.com
Con el fallido intento de incluir una carta a última hora, ausencia de comisionados y la intervención de solo una de las cuatro proponentes de juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, porque otra fue denunciada en la Fiscalía, culminó este miércoles 26 de abril del 2023 la fase de práctica de pruebas por esta causa.
La presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (Creo), clausuró la sesión, una vez que el abogado de Lasso, Edgar Neira, y la asambleísta correísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio, se tomaron dos horas cada uno para presentar sus argumentos.
Veloz aseguró haber entregado más de 100 pruebas documentales y testimoniales para pedir que la Comisión recomiende al Pleno la censura y destitución de Lasso por supuesto peculado en un contrato de Flopec para el transporte de petróleo con Amazonas Tanker, que fue firmado en el anterior Gobierno.
En su intervención aludió a decretos, a un informe de Contraloría, a la bitácora presidencial y audios. "¿Qué hizo el presidente Lasso ante la advertencia de varios medios de comunicación sobre la corrupción de las empresas públicas? Por enésima vez, nada".
Carta de exgerente de Flopec
Un pedido de la legisladora Veloz y su coideario, Roberto Cuero, para que se incluyera una carta remitida en la víspera por el exgerente de Flopec Jhonny Estupiñán, generó una pugna entre oficialismo y oposición en esta mesa.
Para la oposición Estupiñán es el testigo clave en esta causa, pues el exfuncionario aduce que habría alertado a Lasso sobre irregularidades en Flopec. Sin embargo, el oficialismo cuestionó que él se haya excusado de comparecer cuando correspondía a la Comisión de Fiscalización y que recién ahora haya solicitado que se recepte su testimonio vía telemática.
Al final, la presidenta encargada dispuso someter a votación este pedido, pero la oposición no insistió cuando evidenció que sus asambleístas delegados en esta mesa, Pablo Muentes (PSC) y Gabriela Molina (Unes), habían abandonado la sesión y no tenían asegurados los votos para esta decisión.
La intervención de la asambleísta Veloz terminó en un sonoro aplauso de sus colegas de bancada y asesores que llenaron uno de los costados del salón del exsenado, donde se desarrolló la sesión. Al otro lado se ubicaron asambleístas del oficialismo que aplaudieron a Edgar Neira, abogado de Lasso.
"Con más de cien pruebas, tanto documentales como testimoniales, nosotros una vez más nos ratificamos en que existe la responsabilidad política para que el Presidente de la República sea censurado y destituido (...). El juicio político está más vivo que nunca", aseveró Veloz.
Veloz aseguró que pedirán que Estupiñán comparezca en el Pleno de la Asamblea, cuando se abra el debate de esta causa. "Fue el único gerente de querer dejar sin efecto el contrato entre Amazonas Tanker y, además, él tiene todo el conocimiento de los actos de corrupción del señor Hernán Luque Lecaro y que el Presidente tenía todo el conocimiento de lo que sucedía en esta estructura", dijo.
Mientras sus coidearios exhibían pancartas donde responsabilizan a Lasso de la inseguridad ciudadana, Veloz enfatizó que "este juicio político también va por los olvidados, los invisibilizados, los marginados, por los niños que no tienen acceso a la educación pública, por las familias que no tienen acceso a los servicios básicos y que no tienen acceso a la alimentación".
"Este juicio político también por los asesinados en nuestras calles, por los torturados en las cárceles, es justo que hagamos justicia política ante la indolencia del presidente Lasso", anotó, entre aplausos.
Veloz se negó a responder un interrogatorio del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, pues argumentó que eso no correspondía en esta etapa. Villavicencio no pudo dirigir la fase de presentación de pruebas porque su puesto fue apelado por la oposición hace 10 días, apenas empezaron las comparecencias y el puesto lo ocupó Cordero.
"Si no quiere responder es su derecho (...). No vamos a juzgar al Presidente de la República por su impopularidad porque, de ser así, esta Asamblea ya debió ser demolida por impopularidad. Aquí vamos a juzgar a un presidente por lo que ha señalado la Corte Constitucional y es de responsabilidad de la Comisión de Fiscalización buscar la terrenalidad de las pruebas", dijo, entre interrupciones del correísmo.
Proponente del juicio fue denunciada
Los otros asambleístas que presentaron este juicio político, Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo (ID) y Mireya Pazmiño, separada de Pachakutik no intervinieron. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), denunció a Pazmiño por supuesto tráfico de influencias y uso de documento falso, en la elaboración de un informe del caso Flopec.
A su vez, Pazmiño acudió más temprano a la Fiscalía General del Estado para denunciar a Lasso por supuesto peculado y delincuencia organizada.
Por su lado, el abogado del Presidente centró su intervención en 9 hechos base, 4 hechos inferidos y 6 hechos conclusivos para pedir a la Comisión que acepte los descargos, declare la inexistencia de hechos que permitan imputar a Lasso un supuesto peculado y no recomendar el enjuiciamiento político.
Calificó como una "falaz afirmación" que se acuse a Lasso de no actuar frente a denuncias de corrupción en empresas públicas. Dijo que el 13 de enero del 2022 el Primer Mandatario solicitó al entonces secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, que haga una investigación.
Los argumentos
La asambleísta Viviana Veloz, proponente del juicio político basó su intervención en estos elementos para acusar al Jefe de Estado de haber permitido el desvío de recursos públicos a tercero, con el exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque, y el empresario Rubén Chérres:
Guillermo Lasso facilitó esquemas de corrupción en Flopec
Oswaldo Rosero, exgerente de Flopec, y Hernán Luque Lecaro, exgerente de Emco, como piezas claves en la corrupción de Flopec
Examen especial de la Contraloría General del Estado sobre el contrato con Amazonas Tanker
Pilar Ferri y Jhonny Estupiñán, exgerentes de Flopec, alertaron del peculado
Procuraduría General del Estado, ¿abogados de Lasso o del Estado?
El abogado de Lasso, Edgar Neira, centró sus alegatos en estos hechos:
No hay pruebas de que el Presidente conoció el contrato de Flopec con Amazonas Tanker, que se firmó en el anterior Gobierno
Las cartas de Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, no fueron recibidas ni leídas por el presidente Lasso
El informe de Contraloría comprende contratos celebrados y modificados en 2020 antes que el Presidente asumiera el poder
El informe de Contraloría sobre el contrato cuestionado nunca fue notificado al presidente Lasso
Nunca ocurrió la celebración de un nuevo contrato de transporte de petróleo con Amazonas Tanker en el actual Gobierno
Las empresas públicas son autónomas. Gozan de autonomía económica, presupuestaria y administrativa
Una vez agotada esta fase, la Comisión tiene 10 días de plazo para entregar un informe no vinculante para resolución del Pleno, donde una posible censura y destitución de Lasso dependerá de 92 votos.
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