Este 7 de febrero, 797 670 estudiantes de la Sierra y Amazonía y 629 454 de la Costa y Galápagos deberían regresar a las clases presenciales. Pero aún hay resistencia de los padres de familia ante los contagios de covid-19.
Estas cifras corresponden a los 12 748 planteles que tienen aprobado el Plan Institucional de Continuidad Educativa por parte del Ministerio de Educación (ME). En la Costa están a un mes de terminar el año lectivo, y en la Sierra empiezan el segundo quimestre.
En los últimos días, las autoridades de los centros educativos trabajaron en dos frentes: coordinando el retorno y en la limpieza de las aulas con el apoyo de padres de familia. Desde el pasado viernes 4 de febrero del 2022, mediante correos electrónicos, informaron a los representantes sobre las decisiones.
Así, en las unidades educativas Isabel Moscoso y Antonio Ávila de Cuenca, la asistencia será total y en jornada completa para bachillerato y básica superior, sin restricción de aforo. De preparatoria a séptimo de básica se incorporarán de forma progresiva, en el transcurso de la semana.
En ambos casos se suspenden las clases ‘online’ y hay protocolos de ingreso, medidas sanitarias y la exigencia de llevar alcohol y otra mascarilla de repuesto, en caso de alguna emergencia.
Asimismo, tienen horarios de entrada y salida de clases, prohibición de ingreso de padres de familia para evitar las aglomeraciones y la no obligatoriedad del uniforme. Los padres que no envíen a sus hijos deben trasladar la matrícula a la Unidad Educativa Arupos, única autorizada por el ME para la modalidad virtual.
Aunque Idalide Guerrero no quería enviar a su hija a las aulas por miedo a los contagios, le tocará hacerlo hoy. “Buscar cupos nuevos es un problema”. Es la primera vez desde que inició la pandemia que su hija, de noveno de básica, retornará a las aulas. “Ojalá esta nueva normalidad, con más de 30 estudiantes por aula, no traiga más contagios”, dijo Guerrero.
En Quito, la hija de Blanca Taipe cursa el tercero de básica en una escuela particular en el valle de Los Chillos. Ella cree que la decisión de las autoridades es apresurada, pues aún el número de contagios en la capital es elevado. “Tengo miedo de que mi hija se contagie en esos espacios”.
Según Taipe, en la escuela de su hija los profesores les pidieron a los estudiantes llevar un frasco de alcohol, el carné de vacunación, usar doble mascarilla y que los niños salgan por turnos al recreo para evitar las aglomeraciones.
En cambio, Elsa Sánchez no enviará este 7 de febrero a su hija de 10 años a su escuela, ubicada en Obrero Independiente. El pasado sábado, Sánchez dio positivo para covid-19. “No sé si mi hija también esté contagiada, pero no voy a poner en riesgos al resto de niños”.
Sánchez hablará con la profesora para que su hija siga recibiendo clases ‘online’. Ella tampoco está de acuerdo con que vuelvan a clases todos los menores. “Es difícil que los más pequeños mantengan los dos metros de distancia”.
En cambio, Consuelo Cargua, madre de un adolescente de segundo de bachillerato del Colegio Mejía, cree que ahora los jóvenes están más protegidos con la vacuna. “En algún momento debían regresar a las aulas, no podemos encerrarnos toda la vida. El virus vino para quedarse y nosotros debemos sobrellevarlo”, dijo.
Para Santiago Zambrano, profesor de inglés en el Instituto Nacional Mejía, este retorno permitirá que los estudiantes se relacionen mejor con sus pares.
Mientras tanto, según Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores de Azuay, los estudiantes y profesores están listos para iniciar el nuevo quimestre, pero muchas infraestructuras de la Costa, Sierra y Amazonía están en pésimas condiciones.
Lema identifica tres problemas graves en el primer quimestre: dificultad de aprendizaje por la falta de conectividad a Internet, violencia intrafamiliar y que muchos niños y adolescentes estudian y trabajan, porque las economías de sus familias están resquebrajadas.
Además, cuestiona que el ME diga que los centros educativos son los espacios donde el estudiante puede escapar de la violencia. “Este problema no se resuelve cambiando de espacio a las personas, sino trabajando en planes integrales de erradicación dentro de los mismos hogares”, dijo Lema. FUENTE: elcomercio.com
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