La búsqueda no fue fácil. El Sistema de Rehabilitación Social (Snai) tuvo que emitir una declaratoria de emergencia para lograr asegurar todos sus bienes, incluidas las 36 cárceles del país.
El ente inició la búsqueda de empresas interesadas desde noviembre pasado, después de que se conociera la liquidación forzosa de Seguros Sucre, que llevaba gran parte de las coberturas de las entidades públicas.
Las cárceles estaban aseguradas hasta el 5 de febrero del 2022. Tanto la Unidad de Bienes e Inventarios, así como la Coordinación General Administrativa y Financiera del Snai intentaron buscar nuevas empresas que pudieran y quisieran asegurar las cárceles y el resto de activos de la institución.
Para esto, enviaron invitaciones, a través de correos electrónicos, a 15 firmas nacionales y extranjeras para que emitieran una cotización de los seguros, según se detalla en la declaratoria de emergencia.
En el documento, de fecha 1 de febrero, se indica que de ese grupo apenas “dos aseguradoras respondieron dando su negativa y el resto ni siquiera respondió”.
Por eso, dice, “no se pudo realizar el estudio de mercado para dar inicio al nuevo proceso de contratación”. Además, se señaló que para “el mercado de seguros y reaseguros no le es atractivo asumir un riesgo como en la actualidad cursa el Snai”.
Se refiere al alto índice de siniestralidad que tienen hoy las cárceles del país por los amotinamientos, enfrentamientos entre bandas delictivas y matanzas que ocurrieron durante todo el 2021.
El año pasado hubo desmanes en al menos ocho centros penitenciarios del país. Las cárceles con afectaciones millonarias fueron las de Guayas, Cotopaxi y Azuay.
Por ejemplo, uno de los episodios más violentos ocurrió en julio. Un enfrentamiento entre mafias enemigas dejó como saldo 22 detenidos asesinados y más de 40 heridos. En la cárcel de Cotopaxi hubo daños en los filtros de seguridad, sistemas de videovigilancia, garitas y áreas comunes.
En septiembre, en Guayaquil, los presos destruyeron paredes, puertas, oficinas, techos, cámaras de seguridad, celdas y antenas.
Las autoridades manifestaron que en ambos casos los daños superaban el medio millón de dólares. Y parte de esas infraestructuras no se han recuperado. La falta de empresas interesadas en asegurar los bienes del Snai significaba “un inminente daño a la paz, orden y estabilidad del país”, según la declaratoria de emergencia.
Además, en los informes del Snai se indica que los brókeres “no deseaban realizar un proceso de corto tiempo y, por el contrario, todos aseveraron que el tiempo mínimo para emitir las pólizas debe ser de al menos un año”.
¿Por qué no se contrató antes?
En la declaratoria de emergencia se señala que la demora fue por “el cambio de autoridades continuas” que sufrió el sistema de rehabilitación durante el 2021. En ese año, la institución pasó por la administración de cuatro directores.
El último en ocupar este cargo fue el general de Policía Pablo Ramírez, quien llegó el 8 de diciembre pasado y, según la entidad, “no contó con el tiempo para aplicar ningún procedimiento de contratación de régimen común”.
El Gobierno decidió emitir la emergencia y adjudicó a la empresa Latina Seguros S.A., un contrato para asegurar las cárceles y demás bienes del Snai. La firma fue la única que cotizó el riesgo de la institución y envió la propuesta de estudio de mercado. El contrato fue adjudicado por un valor de USD 990 000 más impuestos de ley. FUENTE: elcomercio.com
Comments