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Cancillería Ecuatoriana Solicita Colaboración para el Retiro de Jorge Glas de la Embajada de México.


La Cancillería ecuatoriana ha confirmado que el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, permanece en la Embajada de México y ha solicitado la colaboración urgente de las autoridades mexicanas para que el ciudadano cumpla con su obligación de presentarse ante la Fiscalía General del Estado.


La solicitud de colaboración surge después de que la Fiscalía General del Estado, el 17 de diciembre, instara al comandante de la Policía Nacional a localizar, detener y trasladar a Jorge Glas Espinel en el marco de una investigación previa por el presunto delito de peculado.


En un comunicado, la Cancillería informó que se dirigió a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos para solicitar la colaboración y pidió que se invite al ciudadano a abandonar la representación diplomática inmediatamente. Esto permitiría que Glas cumpla con su obligación de presentarse ante el fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional para dar cumplimiento a diversas diligencias investigativas en curso.


La Cancillería ecuatoriana apreciará que la Embajada de México proporcione de inmediato información sobre la razón de la presencia de Jorge Glas en su sede diplomática. Se destacó que, según el Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, la concesión de asilo diplomático no sería lícita en este caso, ya que Glas está inculpado y procesado en forma ante la justicia ecuatoriana.


El Gobierno ecuatoriano espera la cooperación del Gobierno mexicano, subrayando que la situación de Jorge Glas no reviste carácter político, según lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático. La Cancillería resalta que, de conformidad con dicha convención, no es lícito conceder asilo a personas inculpadas o procesadas por delitos comunes, como el peculado que se le imputa a Glas.


La nota concluye señalando que las personas que buscan asilo y están involucradas en situaciones no permitidas por la Convención deberán ser invitadas a retirarse o, en su defecto, entregadas al gobierno local sin ser juzgadas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega.

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