FUENTE: actualidad.rt.com
Conviven dos narrativas que implican dos formas cognitivas antagónicas de comprender la violencia en Colombia. El relato tradicional, recogido fundamentalmente por la corriente que se vincula con el llamado uribismo, ha planteado este asunto como una cuestión legal. Existen grupos al margen de la ley y debemos perseguirlos y aniquilarlos. Sin embargo, otros tienen claro que lo que está de fondo es una cuestión de carácter social.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) aseguraba que, en 2021, el 42,5 % de la población del país estaba en condiciones de pobreza.
Además, en 2022, Colombia se convirtió en el segundo país más desigual de Latinoamérica: el 12,4 % de toda la riqueza creada se distribuye para el 90 % de la población del país, mientras que la riqueza restante solamente se la reparte un 10 %.
Profunda desigualdad social
Lo cierto es que la historia de Colombia ha sido protagonizada por profundos enemigos de la vida. El desarrollo de la violencia en el país suramericano no se puede comprender sin entender el afianzamiento de la desigualdad social en el país. La concentración de la tierra generó un sistema que se profundizó a través del ejercicio de la violencia y de la estratificación violenta de su sociedad. Desde la red del Banco de Alimento señalan que hacen falta 11 generaciones para que una familia pobre pueda salir de su situación en Colombia. Es muy difícil, por tanto, solucionar un problema si no se comprende su naturaleza y sin poner remedio sobre la base que sostiene la pirámide de la violencia en Colombia: una profunda desigualdad social.
Es habitual que históricamente se nos haya presentado el conflicto armado en Colombia como una lucha entre el gobierno y las guerrillas, pero lo cierto es que no podemos comprender el surgimiento de las guerrillas sin asumir que nacieron como una fuerza de resistencia (fundamentalmente campesina) ante la violencia social y física ejercida inicialmente por el Estado y participada también por otros grupos paramilitares y narcotraficantes. La violencia en Colombia tiene distintas dimensiones para el análisis, pero todas entroncan con una realidad material y objetiva de desigualdad.
Negociaciones para la paz
Han sido varios los intentos de acuerdos de paz entre grupos guerrilleros y el Estado colombiano. A veces, han salido relativamente bien; en la mayoría de los casos no ha sido así. Por ello, no podemos dejar de hacer hincapié en la necesidad de garantes que asuman un rol de intermediario imparcial que sirva para garantizar que todo proceso que se inicie culmine con éxito real.
Desgraciadamente, las negociaciones para la paz en Colombia también se ven afectadas por la geopolítica mundial. En primer lugar, debemos tener en cuenta que sobre Cuba actualmente recae la acusación, por parte de EE.UU., de ser un país patrocinador del terrorismo por asumir las mesas de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado colombiano. Este tipo de arbitrariedades dificultan la obtención de garantes, ya que deja a los países que decidan colaborar como intermediarios con la incertidumbre de que su actitud conciliadora pueda ser utilizada en su contra. Es por esto que cobra especial relevancia la petición que hizo el mandatario colombiano Gustavo Petro al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y quien inicia ahora la presidencia de la Unión Europea, para que Europa anule la consideración de grupo terrorista al ELN. Porque como me dijo Pablo Beltrán (negociador del ELN en Cuba) en una entrevista en 2019: "Las negociaciones de paz son como el amor o como un baile: se necesitan dos", y el ELN debe ser reconocido como un actor político en el contexto de estas negociaciones.
El antecedente más cercano de una negociación de paz en Colombia es el acuerdo firmado con las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) en 2016. Lo trágico es que, con base en esta experiencia, hay muchos elementos que ponen en cuestión la credibilidad del propio Estado colombiano. Lo cierto es que este acuerdo apenas se ha cumplimentado. Ya desde el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se denunciaba que toda la parte social del acuerdo, incluidos cambios en la estructura agraria en Colombia, no se habían cumplido. Tampoco las garantías políticas en relación con la protección y la reinserción de los antiguos guerrilleros. Y, por último, las masacres contra el campesinado o los líderes y lideresas sociales continuaron.
Con la llegada al poder de Iván Duque (2018-2022), heredero de Uribe y quien había hecho política en contra de este tipo de acuerdos, la situación fue peor. Como respuesta, algunos de los guerrilleros que habían asumido el acuerdo retomaron las armas a través del grupo disidente conocido como Segunda Marquetalia (el lugar donde se fundaron las FARC hace más de cincuenta años). Destacaba la presencia de 'Iván Márquez', quien había actuado como número dos durante las negociaciones en La Habana, así como de otros comandantes de las extintas FARC-EP, como 'El Paisa', 'Romaña' y 'Jesús Santrich'.
Este escenario previo de incumplimientos es vital para comprender las reticencias de los grupos guerrilleros. No obstante, es importante destacar que, desde la llegada de Petro al gobierno, y su prioridad por lo que ha denominado 'Paz total', el escenario es evidente que ha cambiado.
Igualmente, es necesario asegurar que un cambio de gobierno no vaya a deshacer lo construido y, en ese sentido, es natural que se esté yendo con pies de plomo para estas negociaciones. Colombia necesita un cambio estructural donde un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros sea un refuerzo para ese camino. Esos acuerdos no pueden entenderse como un fin en sí mismo, sino como un paso necesario para el equilibrio de fuerzas que necesita el país para su transformación.
Frente a la 'paz total' que está defendiendo el gobierno se enfrentan los defensores de la 'guerra total'. En ese sentido, no podemos dejar de mencionar la guerra mediática que se está implementando en Colombia contra el Gobierno de Gustavo Petro, destacando los ataques racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez, que ponen de manifiesto, una vez más, el carácter reaccionario y la negación de la realidad colombiana que representa la derecha política del país, principalmente la uribista. Igualmente, el uso torticero del poder judicial, que a través de manidas estrategias comunicativas tratan de imponer su propio relato y recordarle con ello a Petro que llegar al gobierno no significa exactamente llegar al poder. Colombia ha sido propiedad privada de unas cuantas familias que han puesto al país al servicio de intereses extranjeros.
Son ellos los defensores de la violencia, porque la violencia garantiza su actual statu quo.
Como decía al inicio, lo que se enfrenta en Colombia son dos posiciones antagónicas: la Colombia que quiere una transformación hacia una sociedad justa y la Colombia que se ha beneficiado, y que aún se beneficia, de un estado permanente de violencia. La paz no se puede entender solo como apagar los fusiles, requiere construir un destino diferente para el país suramericano. La paz necesita una base material concreta para desarrollarse, necesita una transformación profunda de Colombia que revierta la situación de desigualdad social y económica de su población.
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