En la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, celebrada el pasado lunes 11 de diciembre de 2023, se suscitaron tensiones y dudas jurídicas en torno al intento de acelerar el juicio político al exministro de Energía, Fernando Santos, y otros casos pendientes.
Presidida por la asambleísta del correísmo, Pamela Aguirre, la mesa legislativa buscó dar prioridad a los juicios políticos presentados en el nuevo periodo, sin abordar los casos que quedaron pendientes de la Asamblea anterior, generando cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Ley de la Función Legislativa.
La legislación establece que las solicitudes de juicio político deben tramitarse en el orden en que se presentan, priorizando aquellos que no fueron resueltos en la legislatura anterior. No obstante, Aguirre informó que los expedientes de las solicitudes anteriores llegaron tardíamente, argumentando que sin la documentación completa, no se podía avanzar en el proceso.
Contrariamente a sus declaraciones, se reveló que la Secretaría de la Asamblea ya había entregado los documentos correspondientes a los juicios anteriores antes de la sesión. Aguirre solicitó una revisión exhaustiva, postergando el trámite de estos casos.
El asambleísta Ramiro Vela, de Centro Democrático, instó a elaborar un informe sobre el procedimiento de los enjuiciamientos, destacando la importancia de abordar los casos pendientes antes de continuar con los nuevos. Subrayó que las solicitudes del periodo actual podrían resolverse hasta el 12 de diciembre, sugiriendo evaluar lo presentado y proceder en orden cronológico.
En medio del debate sobre el procedimiento parlamentario, el Coordinador General Jurídico de la Asamblea Nacional emitió un criterio indicando que, al no haber solicitantes que ejerzan su rol de Asambleístas en los juicios políticos anteriores, la Comisión de Fiscalización debería informar al presidente de la Asamblea sobre el estado de dichos procesos para su consideración en el Pleno.
Pese a estas consideraciones, Aguirre insistió en calificar el juicio político al exministro Santos Alvite. Sin embargo, la moción no se calificó, ya que los cuatro asambleístas correístas votaron a favor y los otros cinco integrantes en contra, argumentando la necesidad de priorizar los casos pendientes de la legislatura anterior antes de abordar nuevas solicitudes.
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