FUENTE: elcomercio.com
La Contraloría General del Estado detectó indicios de responsabilidad penal en las declaraciones patrimoniales juradas de 10 jueces. Este hecho se confirmó este lunes 8 de mayo del 2023.
El organismo de control remitió a la Fiscalía 10 informes con indicios de responsabilidad penal de jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel. El periodo de análisis fue entre el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023.
En 2022, la Contraloría emitió 30 órdenes de trabajo para realizar exámenes especiales a jueces de varias provincias del país, entre ellas: Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas.
De ese grupo se aprobaron 20 informes generales y 10 con indicios de responsabilidad penal. Estas últimas fueron remitidas a la Fiscalía para que puedan investigarse esos casos.
De hecho, los auditores determinaron “inconsistencias en la confrontación de la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de 10 jueces, que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022”, indicó el ente de control.
¿Qué establece la ley ecuatorianas sobre la declaración patrimonial?
El artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, establece que la información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública.
Además, en esa misma normativa establece que los funcionarios públicos están obligadas a presentar la declaración patrimonial jurada al iniciar y finalizar su gestión. Además, tienen que actualizarla cada dos años. Ese plazo se cuenta desde la fecha de presentación de la última declaración.
Las declaraciones contienen información sobre los activos y pasivos del funcionario, de los pertenecientes a la sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en el país como en el extranjero.
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