La Contraloría General del Estado ha emitido un informe que confirma una glosa por un total de USD 3'342.307 en relación con los procesos de contratación vial llevados a cabo entre julio de 2012 y diciembre de 2018 por la Prefectura de Imbabura. El proyecto bajo revisión se trata del asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum, ubicada en el cantón Cotacachi. Esta glosa se dirige a varios funcionarios y entidades involucradas en dichas contrataciones.
Durante la auditoría realizada por la Contraloría, se encontró que el contratista, en el período de prueba, realizó tareas de mantenimiento rutinario, como la limpieza de cunetas y la atención de derrumbes menores. Sin embargo, no se llevaron a cabo intervenciones en la carpeta asfáltica ni se realizaron las reparaciones necesarias para abordar problemas como baches, hundimientos, grietas, fisuras y tramos colapsados. Estos problemas representaban riesgos significativos para la seguridad del tránsito vehicular.
Se ha determinado que la Prefectura de Imbabura realizó pagos por conceptos que no fueron ejecutados adecuadamente, lo que llevó al monto de la glosa por responsabilidad civil. Este error se atribuye a la falta de medidas preventivas por parte del exprefecto durante su mandato, lo que resultó en un deterioro prematuro de la carretera y afectó su funcionalidad. Asimismo, se señala que el director de Fiscalización de la Prefectura y el administrador del contrato no supervisaron adecuadamente las acciones de la empresa constructora ni proporcionaron información sobre el estado de la vía y el progreso de las obras.
Un aspecto adicional destacado en el informe es la falta de cumplimiento por parte de la empresa encargada de la fiscalización externa. Esta empresa no aseguró que las capas del pavimento cumplieran con los espesores especificados en las normativas técnicas, ni exigió a la constructora que completara aspectos contractuales importantes, como la construcción de muros de gaviones, hormigones y sistemas de drenaje. A pesar de estas omisiones, el administrador del contrato permitió el desembolso de fondos a favor de la empresa de fiscalización.
Además de la glosa mencionada anteriormente, la Contraloría también confirmó otra glosa por un total de USD 1'327.476 relacionada con el fiscalizador de la Prefectura responsable de la liquidación de los contratos principal y complementario de la obra. Se encontró que este funcionario incluyó actividades no contempladas en el contrato, como reasfaltado, bacheo y reposición de materiales debido a factores climáticos, lo que resultó en desembolsos indebidos por parte de la Prefectura.
Este informe de la Contraloría resalta la importancia de una gestión transparente y efectiva en los proyectos de infraestructura vial, así como la necesidad de una supervisión adecuada de los procesos de contratación y ejecución. La Prefectura de Imbabura enfrenta ahora el desafío de abordar estas deficiencias y tomar medidas para evitar futuras irregularidades en sus proyectos.
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