FUENTE: elcomercio.com
La Corte Constitucional desarrolló la audiencia por el primer decreto ley presentado por el presidente, Guillermo Lasso, tras la aplicación de la figura de la muerte cruzada en Ecuador. La diligencia tuvo lugar este martes 6 de junio del 2023 en modalidad virtual.
La jueza Alejandra Cárdenas encabezó este evento y también participaron los otros integrantes de la Corte. La jueza se encargará de presentar al Pleno un proyecto de dictamen sobre el llamado Decreto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Con ese instrumento, el Ejecutivo busca aliviar tributos para la clase media.
La magistrada dio un plazo de 48 horas para legitimar las intervenciones, es decir, para que envíen por escrito sus argumentos. No mencionó ningún plazo para la resolución de la Corte, pero esto tampoco está descrito en la Constitución.
Los delegados del Gobierno y de la Procuraduría General del Estado subrayaron a la Corte que no puede determinar si el texto es urgente y económico, algo que es una prerrogativa del Presidente. Argumentaron que el control de constitucionalidad se limita a la revisión de que si este afecta derechos protegidos por la Constitución.
La Procuraduría aclaró que no se debe confundir el rol que tiene el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), para calificar a trámite los proyectos de ley en el Parlamento, con la misión de la Corte, ya que esta no es un órgano legislativo. Es la primera vez que se usan los Decretos-Ley en Ecuador.
Justificación del decreto- ley
"Bajando impuestos estamos haciendo crecer la economía", adujo el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, quien también participó de esta audiencia. "Si ponemos más plata en el bolsillo de la gente, esa plata gira, genera crecimiento económico e inclusive se aumenta la recaudación".
La jueza Cárdenas consultó si esta medida no afectará a las finanzas públicas. Arosemena argumentó que la brecha se pretende cubrir con la creación de otros tributos como el impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos, y la eliminación de la exención del Impuesto al Valor a la Renta (IVA) para espectáculos públicos.
La propuesta del Gobierno tiene reparos de organizaciones como el Frente Popular que también fueron escuchadas en la audiencia. Wladimir Andocilla, abogado, adujo que no se justifica la emisión de este decreto-ley.
"Ninguna de las medidas justifica la urgencia, ya que los recursos recolectados por el Estado referentes a los periodos fiscales 2022 se encuentran en las arcas fiscales, y el Impuesto a la Renta del 2023 se paga en el 2024. Por lo que no existe urgencia para la aprobación", sostuvo.
El trámite del decreto- ley
El Decreto-Ley fue presentado hace 20 días por el Ejecutivo. Eso después de disolver a la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas por grave crisis política y conmoción interna. Ocurrió en medio del trámite del juicio político que impulsaba la oposición legislativa contra el presidente Guillermo Lasso.
Otra audiencia se desarrollará este jueves en la Corte Constitucional. Esta vez, por el segundo decreto-ley expedido por Lasso para la creación de zonas francas. El presidente Lasso fue convocado.
El artículo 148 de la Constitución dice que "hasta la instalación de la Asamblea, el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo".
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