El gobierno de Ecuador ha tomado una drástica medida en respuesta a los graves disturbios que se han registrado en distintas cárceles del país en los últimos días, dejando un saldo de al menos 31 personas fallecidas. El martes pasado, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en todas las prisiones de la nación por un período de 60 días, en un esfuerzo por restaurar el orden y frenar la violencia que ha estremecido al sistema penitenciario.
La situación más crítica se vivió en la penitenciaría del Litoral, donde se produjo un enfrentamiento mortal entre dos bandas rivales. Con capacidad para 9.500 internos, la penitenciaría ya superaba su límite en casi 3.000 personas para el primer trimestre del presente año. En un intento por restablecer la calma y encontrar armas, explosivos y municiones, unos 2.700 efectivos de la policía y las fuerzas armadas ingresaron en esa prisión.
La huelga de hambre declarada en más de 10 cárceles del país ha agravado aún más la situación, con los reclusos reteniendo a un número indeterminado de guardias penitenciarios. Aunque más de 100 guardias han sido liberados, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) reportó la tensa situación el pasado lunes. Los presos demandan mejoras en las condiciones de alimentación y sanidad dentro de los centros carcelarios.
El presidente Lasso ha tomado dos medidas en menos de 24 horas para hacer frente a la nueva ola de violencia en el país andino. Además de decretar el estado de excepción en las cárceles, el lunes anterior anunció el estado de emergencia en las provincias de Los Ríos y Manabí, luego del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue tiroteado en la ciudad de Manabí.
Es importante destacar que este clima de violencia en el sistema penitenciario ecuatoriano no es un fenómeno aislado. Desde el año 2020, más de 468 personas han perdido la vida en distintos incidentes dentro de las prisiones del país. Esta situación se enmarca en el contexto de un aumento generalizado de la violencia perpetrada por grupos delictivos en diversas regiones de Ecuador.
Todas estas acciones se llevan a cabo a menos de un mes de las próximas elecciones presidenciales convocadas por el presidente Lasso para el 20 de agosto. La violencia en las cárceles se ha convertido en un tema crucial para la seguridad y el bienestar del país, y sin duda tendrá un impacto en el debate político y las propuestas de los candidatos.
El estado de excepción, que confiere poderes extraordinarios a las fuerzas del orden para hacer frente a la crisis carcelaria, representa un intento urgente por parte del gobierno ecuatoriano para controlar la situación y restablecer la paz y seguridad en los centros penitenciarios del país. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de garantizar los derechos de los reclusos y abordar las condiciones que han llevado a esta escalada de violencia.
Las próximas semanas serán críticas para evaluar la efectividad de esta medida y cómo impactará en el sistema penitenciario ecuatoriano en el largo plazo. La sociedad espera respuestas y soluciones concretas ante esta grave situación que ha cobrado vidas y ha generado preocupación en todo el país.
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