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Ejecutivo pide ajustes en informe para que militares apoyen a la Policía.



El secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, acudió este miércoles 12 de abril del 2023 a la Comisión de Enmiendas de la Asamblea. El funcionario entregó sus observaciones sobre el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, impulsado por el Ejecutivo, que fue modificado por la mesa.


La idea es que las Fuerzas Armadas puedan coordinar acciones con la Policía en el combate al crimen organizado, que no constan en el texto que el presidente, Guillermo Lasso, presentó el 7 de diciembre del 2022. Ortiz se mostró de acuerdo con los filtros propuestos por la Comisión.


En la práctica, significaría que el comandante de la Policía presente una solicitud para la intervención de los militares; posteriormente deberá ser aprobada por el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) y, al final, el Jefe de Estado deberá firmar un decreto ejecutivo. Cuando actualmente el Presidente puede hacerlo sin pasar estas etapas.


De acuerdo con el cronograma de la comisión, el informe será entregado para el segundo y definitivo debate en el Pleno hasta el próximo 28 de abril. Ortiz pidió ajustes en el texto.


"Creemos que aquí la solicitud también podría o debería ser hecha por el Presidente de la República y no solo por el comandante general de la Policía Nacional, y sí, se lo tendrá que dirigir directamente al Consejo de Seguridad Pública del Estado", manifestó.


Además, demandó que se aclare en el texto que no se trata de un apoyo subordinado sino de coordinación entre las dos fuerzas. Esto "para evitar roces" entre esas instituciones.


La presidenta de la Comisión de Enmiendas, Isabel Enríquez, aseguró que todavía no hay consensos y que el texto puede ser objeto a cambios.


Otro de los pedidos de Ortiz fue que se excluya el control político a este tema, pues dijo que a la Corte Constitucional le corresponde determinar si se violan o no derechos.


"No tendría que haber un control político por parte de la Asamblea porque no estamos hablando de cuestiones políticas, sino de cuestiones de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Lo que también hemos planteado es que sí debería haber un control posterior por parte de la Corte", acotó el funcionario.


El defensor del Pueblo y el presidente de la Conaie también fueron convocados, mas no se presentaron para entregar sus criterios.

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