La decisión de la Asamblea de otorgar más de 200 amnistías en una sesión de madrugada ha causado polémica. Por un lado, las críticas se centran en el perdón a los dirigentes que participaron en el paro nacional de 2019. Y del otro, en la aprobación de todos los casos, sin un análisis minucioso de cada uno.
La Asamblea solo puede dar amnistías cuando se trata de delitos políticos o conexos con los políticos. Según la Ley de la Función Legislativa, se entiende por delitos políticos aquellos cometidos “contra la organización y funcionamiento del Estado, motivados en fines de reivindicación social colectiva en un contexto político-social de agitación interna o conflictividad social”.
Mientras que los delitos conexos son aquellos “ligados a fines políticos colectivos”, aunque en sí mismo constituyan delitos comunes. Estas definiciones chocan con algunos casos en los que la Asamblea otorgó la amnistía. Ante esto, hay sectores que ya anuncian acciones ante la Corte Constitucional. Cuestionan la legalidad de la actuación, sobre todo con el argumento de que no hubo una evaluación a fondo sobre si los casos tenían o no un trasfondo político.
56 casos con amnistía PRIMICIAS revisó el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que sirvió de base para la aprobación de las amnistías y tabuló los casos contenidos en su interior. En total, las amnistías otorgadas se dieron en 56 casos: la mayoría corresponde a investigaciones previas, y un porcentaje menor a casos que ya están en la justicia. Un porcentaje aún menor corresponde a personas que estén ya privadas de la libertad. Los amnistiados son 229, de acuerdo a la revisión de PRIMICIAS de este informe. Pero, hay personas que constan en más de un caso.
La Comisión dividió a los casos en cuatro grupos. Y, aunque la promoción del informe se enfocó en los procesados por el paro de octubre de 2019, la mayoría de amnistiados corresponde al grupo de “defensores de los derechos comunitarios”. Los amnistiados del paro nacional De los 56 procesos penales e investigaciones previas que analizó la Comisión de Garantías Constitucionales, 16 corresponden a procesos derivados de las movilizaciones de octubre de 2019. Entre estas, constan causas por delitos de sabotaje, rebelión, paralización de servicios públicos, terrorismo, instigación, y grupos subversivos.
Estos casos son los que más se acerca a la definición de delito político de la Ley de la Función Legislativa, pues se dieron en un contexto de agitación popular. En todos ellos se aprobó la amnistía, en total de 63 personas. El caso más público es el seguido en contra de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, por el delito de rebelión. También el que se lleva contra el exasambleísta correísta Yofre Poma y otros, por paralización de un servicio público. En contra de Leonidas Iza, actual presidente de la Conaie, hay cinco casos en este grupo: por daño a bienes ajenos, instigación, terrorismo y dos por secuestro. Pero ninguno ha sido judicializado, pues todos siguen en investigación previa.
Contra Jaime Vargas, entonces presidente de la Conaie, hay también cinco investigaciones previas, por grupos subversivos, secuestro, instigación, sabotaje y terrorismo. Los casos de secuestro son probablemente los más polémicos, porque la amnistía no se puede otorgar en este delito. Este es un tema que, aunque se analizó en el Pleno y en la Comisión, finalmente se aprobó igual. Son dos casos por secuestro: El primero, por la retención de policías y periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, el 10 de octubre de 2019. El segundo, por la retención de 49 militares en Chimborazo, el 6 de octubre de 2019.
Defensores de los derechos comunitarios La mayoría de amnistías otorgadas por la Asamblea pertenece a esta categoría. Aquí, se perdonó a 108 personas, que constan en 27 causas; gran parte también corresponde a investigaciones previas. En este apartado, constan causas por actividad ilícita de recursos mineros, asociación ilícita, intimidación, lesiones, robo, daño a bienes ajenos y tráfico de tierras.
El caso de minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, es uno de los más polémicos pero también uno de los que más aparece: hay seis casos. El principal se refiere a una investigación previa a un grupo de dirigentes que, según la Fundación Solución Ambiental Ecuador, serían en realidad mineros ilegales (una tesis que también maneja Hanrine, dueño de la concesión de Imba 2). Además, este caso está directamente relacionado el actual asambleísta Mario Ruiz (parte de la facción radical de Pachakutik y ponente del informe sobre las amnistías). Según el mismo informe, Ruiz presentó junto a dirigentes comunitarios una medida cautelar contra Hanrine. Relacionado a los conflictos en Buenos Aires hay cinco casos, sobre todo investigaciones previas por daños a maquinaria de Hanrine y sus contratistas.
También hay un proceso penal por lesiones. En este último, dos mujeres fueron sentenciadas en primera instancia al pago del 25% de un salario básico por agredir a una funcionaria de Hanrine. El informe señala que “la comunidad de La Merced de Buenos Aires ha sido deslegitimada ante la opinión pública y sistemáticamente criminalizada; son varias investigaciones previas en contra de los y las defensoras de los derechos de la Naturaleza y derechos humanos, abiertas por el representante legal de Hanrine”. Por otra parte, en este grupo de amnistiados también están más de 20 personas relacionadas a supuestas redes de tráfico de tierras. Los nombres se repiten en investigaciones por el delito de usurpación, delincuencia organizada y uso ilegal de suelo, relacionados con la comunidad de La Toglla, en Quito.
Administración de justicia indígena 11 personas recibieron la amnistía dentro de este grupo, que contiene solo tres casos. El primero es por el delito de secuestro, en el que ya hay una sentencia condenatoria de primera instancia contra ocho comuneros de Suscal, en Cañar. Ellos fueron acusados de haber retenido a un grupo de funcionarios de la cooperativa Sumak Yari, que quebró. El segundo caso es, nuevamente, por delito de secuestro.
En este caso, comuneros de Maca Miligungo, en Cotopaxi, habrían retenido a funcionarios de una empresa de supuesta captación ilegal, para aplicarles la justicia indígena. El tercero, por tráfico de tierras, se sigue en contra del actual presidente de la Conaie, Leonidas Iza.
Aquí ya hay una sentencia de primera instancia en su contra. El caso contra Iza se centra en hechos de 2017, en Chinaló Alto, en Cotopaxi. Iza supuestamente habría promovido y organizado la ocupación y el asentamiento ilegal en terrenos de la familia Armas. Defensores de la naturaleza Los 11 últimos procesos e investigaciones previas que constan en el informe para las amnistías están en el grupo de defensores de la naturaleza. En esta división, la Asamblea perdonó a 14 personas. Aquí, los casos abarcan delitos de resistencia, rebelión, sabotaje, paralización de un servicio público, que están también más cerca a la definición de delito político de la Ley de la Función Legislativa.
Entre los casos, por ejemplo, hay dos por daño a bien ajeno que derivan de protestas del pueblo Saraguro, en Loja, contra la minería. Otro caso es por las manifestaciones en El Edén, en Orellana, para exigir la firma de un nuevo acuerdo con Petroecuador Hay un caso por sabotaje, en el que una persona ya recibió una sentencia de primera instancia y está detenida. Este hecho ocurrió durante las protestas en Íntag, Imbabura, contra la minería. Y también otras investigaciones previas por protestas en Río Blanco (Azuay), Napo y Esmeraldas contra actividades extractivas. FUENTE: primicias.ec
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