FUENTET: elcomercio.com
La Corte Constitucional envió el miércoles 29 de marzo del 2023 un dictamen a la Asamblea con el que viabiliza el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por las consecuencias políticas de un supuesto peculado.
De los tres cargos desechó dos, que eran los más mediáticos, no fueron admitidos. El que pasó tiene que ver con un supuesto peculado en la empresa Flopec, que transporta el petróleo ecuatoriano. En el dictamen consta que Guillermo Lasso habría permitido que se firme un contrato, a pesar de que habría sabido que era lesivo para el Estado, por un examen de Contraloría y una alerta del gerente de esa empresa naviera estatal.
Según el dictamen de la Corte Constitucional, Guillermo Lasso puede ser juzgado políticamente en la Asamblea por las repercusiones de un posible peculado. Este es un delito, en que un funcionario público utiliza de manera ilegítima dineros o bienes públicos para obtener un beneficio propio o de terceros.
La Corte explica que de ninguna manera ha determinado que haya peculado. Sino que su dictamen da la posibilidad a la Asamblea de debatir las consecuencias políticas de ese caso. También deja abierta la posibilidad de que la Justicia investigue los hechos.
Presunto peculado, el caso admitido contra Guillermo Lasso
La acusación de los asambleístas es que Guillermo Lasso “actuó en ejercicio de sus funciones de Presidente de la República, quien conoció y consintió la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos en una de las empresas públicas pertenecientes a EMCO EP, entidad a la que el mandatario le dio amplias facultades”. Ahí argumentan que hubo un posible peculado.
Según los acusadores, el Presidente de la República y Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en Flopec “a favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.
Los asambleístas que enviaron el petitorio de juicio aseguran que el supuesto peculado de Lasso se evidencia por:
a) La continuación y nueva celebración de estos contratos “a pesar de tener un informe de Contraloría en contra”.
b) La remoción del gerente general de Flopec EP cuando, quien “intentó finalizar unilateralmente el contrato con la compañía Amazonas Tanker Pool, quien además advirtió al Presidente de la República de estos hechos y este no hizo nada”.
Examen especial, clave en el caso de peculado
En su dictamen, la CC toma en cuenta un examen especial de la Contraloría que es anterior a la posesión de Lasso. Este estudio decía que el contrato de transporte petrolero entre Amazonas Tanker Pool Company y Flopec era perjudicial para el patrimonio de esta empresa pública.
“A pesar del examen especial, -dice el dictamen de la CC- el presidente Lasso Mendoza habría conocido y consentido en que sigan ejecutándose y celebrándose tales contratos perjudiciales para el Estado. (...) Este nuevo contrato se firmó pese a que el Presidente de la República habría tenido conocimiento del informe referido”.
Para viabilizar el juicio político, la CC asegura que se puede seguir la inferencia de que el presidente Lasso fue informado de los supuestos actos delictivos se basa en varias fuentes:
-Los audios difundidos en redes sociales;
-El oficio de Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, de 23 de febrero de 2022 dirigido a la asambleísta Mireya Pazmiño con copia al presidente;
- La carta de la misma persona de 22 de marzo de 2022 en la que, además de describir el supuesto peculado, solicitó a Guillermo Lasso una cita, pedido que no fue atendido.
Argumento de concusión en empresas públicas fue desechado
El pedido de juicio político pedía que el Lasso fuera enjuiciado por concusión en las empresas públicas, un delito que sanciona que los servidores públicos o personas con potestad estatal que, abusando de su cargo o funciones, exijan dinero o gratificaciones.
Se argumentaba que el 18 de agosto del 2021, con el decreto ejecutivo 163, modificó la conformación de los directorios de las Empresas Públicas y las dejó en la dirección de un solo organismo: EMCO EP. Luego, nombró en esa posición a Enrique Luque, un exfuncionario del banco en el que trabajó bajo el mando de Lasso.
En su dictamen, la Corte dijo que en la petición de juicio político había una contradicción
“Esta Corte constata una inconsistencia evidente en la red inferencial. Para establecer el hecho HI4, primeramente, se afirma: ‘El Presidente de la República conocía que Hernán Luque Lecaro podía haber incurrido en actos de corrupción y no adoptó acción alguna orientada a evitarlo’. Sin embargo, en el siguiente párrafo expresa: 'De lo anterior, si bien es posible inferir que el Presidente de la República desconocía completamente los actos de concusión de su funcionario de confianza’. Es decir, sobre la base de los hechos presentados, los propios solicitantes reconocen que se pueden extraer inferencias opuestas con respecto al conocimiento previo del presidente. 77. Dada la conclusión anterior, ya no cabe analizar la verosimilitud mínima de la red de inferencias fácticas".
Argumento de concusión en Petroecuador, por fuera
La acusación decía que Lasso nombró a los señores Ítalo Cedeño y Hugo Aguiar como gerentes de EP Petroecuador, quienes solicitaron erogaciones económicas a personas para ubicarlos en cargos, dentro de las empresas públicas; luego inferían que el Presidente conocía, consentía y participaba de la concusión.
La Corte cuestionó que la acusación dijera primero que “los presuntos actos de concusión estaban relacionados con la ‘licitación de contratos a proveedores’. No obstante, a partir de lo anterior se concluye que las erogaciones económicas tenían como fin ubicar a personas en cargos públicos.
“Por consiguiente, -dice el dictamen de la CC- se aprecia que el segundo cargo carece de coherencia narrativa y de un mínimo de verosimilitud respecto de los hechos atribuidos al presidente de la República. En consecuencia, no cabe abordar la cuestión de si las conclusiones fácticas contenidas en la red de inferencias caben, es decir, guardan conexión con el delito al que alude la acusación”.
Pasos para llegar al juicio político
Una vez que el dictamen llegó a la Asamblea Nacional, la noche del miércoles 29 de marzo, se estima que el proceso dure 45 días, hasta que el Presidente comparezca ante el Pleno del Parlamento y enfrente las acusaciones.
Se necesitan 92 votos para que opere la destitución. La oposición clama tener esa cantidad de voluntades. De suceder esto, asumiría el cargo el vicepresidente, Alfredo Borrero.
Aun así, Lasso podría decretar la muerte cruzada, con lo que disolvería la Asamblea Nacional y se convocaría inmediatamente a elecciones generales. Gobernaría por al menos seis meses más bajo decreto, pero con la legislación de la Corte Constitucional.
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