El presidente Guillermo Lasso firmó el martes 4 de julio de 2023 el decreto ley para brindar apoyo financiero a los deudores con procesos de coactiva por créditos educativos, becas y ayudas económicas.
La firma tuvo lugar en el Palacio de Carondelet, con la presencia de algunos padres y madres perjudicados por estos procesos. Los beneficiarios serán más de 6,000 ciudadanos endeudados.
El objetivo del decreto ley es "apoyar a los beneficiarios coactivados de créditos educativos, becas y ayudas económicas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica", según explicó Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia.
En su discurso, Lasso afirmó: "El país los necesita activos, libres de trabas y produciendo, por ello presentamos el decreto ley con el que podrán acceder a la remisión, condonación, ampliación de plazos y condiciones adecuadas para la firma de un convenio de pagos".
El mandatario destacó que esta iniciativa representa un alivio financiero, ayudará a los jóvenes a insertarse en la vida productiva sin tener procesos de coactiva y beneficiará a los padres que desean que sus hijos se conviertan en profesionales.
El proyecto de decreto ley reforma cuatro normativas para permitir que los ciudadanos se acojan a diversos beneficios, como la eliminación del reporte de las operaciones de coactiva en el buró de crédito, la condonación total o parcial de la deuda para el deudor principal, su cónyuge, hijos dependientes y familiares con discapacidad, y la remisión del 100% de intereses, multas y recargos generados por obligaciones vencidas o convenios de pagos en procesos coactivos.
Además, se brinda la posibilidad de suscribir un convenio de facilidades de pago para deudas de hasta $45,000, únicamente con la presentación de garantías personales. En caso de desempleo, el deudor podrá acceder a un período de gracia sin generar intereses ni recargos para cumplir con su obligación.
Aunque Lasso firmó el decreto ley, este debe ser enviado a la Corte Constitucional para su control previo de constitucionalidad en casos de urgencia económica. Una vez que la Corte emita su dictamen favorable, el proyecto entrará en vigencia.
Madres beneficiarias del decreto ley, como Daniela Ballesteros, Leonela Coello y Mónica Espinoza, solicitaron a la Corte Constitucional que apruebe el proyecto para resolver sus problemas. Ballesteros expresó: "Hago extensivo este clamor ciudadano a la Corte Constitucional para que den paso a este decreto ley que beneficiará enormemente a esta causa social y económica".
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