FUENTE: elcomercio.com
La jueza Raquel Herrera planteó a la conciliación como una salida a la acción de protección de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), en contra de la mayoría del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Con esta decisión, la jueza suspendió la audiencia que tuvo lugar este miércoles 27 de abril del 2022 en la Unidad de la Familia del sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito, donde se tramita esta causa. Duró cerca de una hora.
Llori vs. el CAL
La intención de Llori es que se declare nula la resolución con la que el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, y los vocales del CAL Darwin Pereira (PK), Ronny Aleaga (Unes) y Johana Moreira (ID) calificaron la denuncia presentada en su contra por Esteban Torres (PSC) sobre incumplimiento de funciones.
El argumento es que se violó el debido proceso y la seguridad jurídica. A diferencia de los aludidos, que acudieron personalmente, Llori envió a esta diligencia al coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar.
Cinco días de plazo
La jueza dio un plazo de cinco días término a las partes para que lleguen a un acuerdo.
“En este momento no se ha resuelto nada, ni siquiera se ha clausurado la audiencia a esperas de que pudieramos nosotros entre las partes llegar a un entendimiento y ojalá desistir la parte accionante de esta acción de protección”, dijo Pereira.
Torres pidió actuar como tercero coadyuvante en esta causa para defender la actuación del CAL, que también abrió paso a que el Pleno pueda conformar ayer una comisión para investigar a Llori.
Un paso al costado
“Esa conciliación debería empezar con la decisión de la Presidenta de dar un paso al costado. Esto es insostenible. Está es la cuarta acción que se ha presentado para activar a la Función Judicial”, manifestó el legislador.
Salazar dejó el juzgado sin acceder a declaraciones a la prensa, pero poco antes de que se instalara advirtió que esperan que la jueza “emita una sentencia a favor de la presidenta cuya reparación integral sería dejar sin efecto esas decisiones del CAL“.
“En el caso de que eso suceda también la sesión de ayer del Pleno sería nula”, aseveró.
Medidas cautelares
Por otra parte, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha revocó las medidas cautelares que concedió a Llori el pasado 5 de abril.
El organismo determinó que el asambleísta Fausto Jarrín dio cumplimiento a esta medida cuando se abstuvo de pedir el cambio en el orden del día del Pleno y pretender la conformación de una comisión ad hoc para evaluar a Llori, sin una denuncia previa ante el CAL.
“Las medidas cautelares tienen el carácter de provisionales y culminan cuando se haya verificado el cese de la amenaza o violación de los derechos”, dice la resolución.
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