Poco más de un mes después de las masivas protestas que sacudieron el país -y que se convocaron a través de redes sociales-, las autoridades de la isla publicaron una serie de regulaciones que tipifican por primera vez lo que consideran delitos cibernéticos que pueden estar sujetos a una acción penal.
Según las autoridades cubanas, "El Decreto Ley 35 (uno de los aprobados) va contra la desinformación y la cibermentira", escribió en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel. El viceministro de Comunicaciones Ernesto Rodríguez Hernández dijo, por su parte, que las nuevas normas "promueven el impulso de la informatización de la sociedad, al tiempo que defiende los derechos de los ciudadanos refrendados en la Constitución: la igualdad, privacidad y el secreto de las comunicaciones".
Las nuevas regulaciones en Cuba parecen tener una matriz ideológica (el texto de uno de los decretos aclara que busca "defender los logros alcanzados por el Estado Socialista") y que están orientadas a contener cualquier crítica al sistema.
Y es que las regulaciones establecen 17 delitos o "incidentes de ciberseguridad", con "niveles de peligrosidad" que van de "medio" a "muy alto" y en muchas ocasiones es el contenido político el que determina la peligrosidad.
La regulación de internet cubana no menciona ni parece buscar combatir la pornografía infantil, un delito que ha estado detrás de leyes para el control de contenidos en todo el mundo.
La regulación cubana solo menciona la pornografía como "difusión y distribución" de "material pornográfico", y la considera de un "nivel de peligrosidad" "medio". Sin embargo, considera de una peligrosidad "muy alta" la "subversión social", a la que define como "pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social", el ciberterrorismo, entendido como acciones para "subvertir el orden constitucional" o "la ciberguerra", a la que llama "métodos de guerra no convencional", lo que sea que eso signifique.
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