FUENTE: eluniverso.com
Transcurridos cuarenta y ocho días de diálogo, los movimientos indígenas están a la expectativa de obtener propuestas concretas del Gobierno nacional sobre la focalización de los subsidios a los combustibles, condonación de deudas y fijación de precios de los productos de primera necesidad, frente al temor de que en los 42 días que restan no se concluya con el trabajo de las diez mesas técnicas.
Este miércoles las reuniones entre los dos sectores, bajo la coordinación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), avanzarán con la instalación de las mesas sobre derechos colectivos; y, seguridad, justicia y derechos correspondientes a las 6 y 9, respectivamente.
Pero en el movimiento indígena que aglutina a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas (Feine) se mantiene un ambiente de preocupación de que no avancen a llegar a consensos en los plazos fijados.
Samuel Lema, dirigente de la Feine, reconoció que desde el régimen hay una actitud de “flexibilidad” para avanzar en las conversaciones; sin embargo, les inquieta el tiempo que están tardándose en concretar acuerdos.
El 30 de junio pasado, el Gobierno y los movimientos sociales suscribieron el acta de la paz, que terminó con el paro nacional de 18 días, que contempló la instalación de diez mesas de trabajo para tratar las demandas que originaron las protestas.
Con la intervención de la Conferencia Episcopal se fijó un plazo de 90 días (tres meses) para que se dialogue y alcanzar acuerdos.
En ese sentido, Lema contó que entre los tres grupos hay incertidumbre de si en las siguientes semanas podrán terminar con los temas abordados en las mesas técnicas, ya que sus bases exigen acciones.
Por ejemplo, respecto de la condonación de las deudas en el sector financiero, el presidente Guillermo Lasso suscribió el decreto ejecutivo que implementa esta política hasta los $ 3.000 en instituciones de la banca pública. Pero no se extendió a la banca privada.
En cuanto a fijación de precios de los productos de primera necesidad “no han avanzado y al contrario, el trabajo en la mesa está suspendido para que el Gobierno haga sus análisis”. Ello, por la negativa de establecer precios a productos industrializados.
En cuanto a los combustibles, “se está tratando de buscar los mecanismos adecuados” para fijar cuáles serían esos sectores que se beneficiarían de los subsidios.
“El tiempo es corto y queremos respuestas, pero analizando la situación económica y con los estudios necesarios. Nosotros seguiremos trabajando y solo pedimos que el Gobierno pueda tener voluntad política”, señaló Lema.
El presidente de la Fenocin, Gary Espinosa, también reconoce que ha habido algunos avances en estas mesas de trabajo.
No obstante, advierte que las comunidades están preparando movilizaciones si no obtienen una respuesta respecto de la condonación de deudas hasta los $ 10.000, como consta en las reformas a la ley tributaria vigentes desde finales del 2021.
“Hemos sido pacientes y esperamos que el Gobierno sea sensible. Entendemos la enfermedad que está enfrentando el presidente (Guillermo Lasso), pero el acuerdo es que la condonación de deudas debe ser hasta los $ 10.000, por lo que esperamos que hasta la próxima semana podamos tener ese decreto”, precisó Espinosa.
Contó que los habitantes de comunidades de la Costa prevén tomar acciones, como movilizaciones y cierres de vías para exigir que entre en vigencia este pedido.
En cuanto a la mesa de fomento productivo, los movimientos sociales también esperan una evaluación de los tratados de libre comercio.
En tanto, este lunes se produjo una reunión entre delegados de los tres movimientos sociales y del Ejecutivo, para conocer un informe de una subcomisión técnica que debe exponer una propuesta que dé el trámite a la focalización de subsidios a la gasolina extra y el diésel.
Henry Llanes, uno de los delegados del movimiento indígena, explicó que revisarán dicha propuesta para trabajar en una definición de parámetros e indicadores para la focalización, cuya decisión estará en manos de los líderes indígenas y del Estado.
Llanes consideró que uno de los proyectos que podría aplicarse sería el de una plataforma informática que controle el despacho y facturación de los combustibles y quiénes pueden acceder al subsidio.
En tanto que el control del contrabando deberá estar en manos de las autoridades estatales, aclaró.
Este miércoles, 31 de agosto, se instalarán los grupos de trabajo sobre derechos colectivos y de seguridad, justicia y derechos humanos.
Según Lema, entre los temas a abordar estaría el establecimiento de políticas para contrarrestar la inseguridad ciudadana; y en materia de justicia, sería el debate de la aplicación de la justicia indígena en sus territorios. (I)
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