FUENTE: elcomercio.com
Las ocho preguntas de la consulta que quiere realizar el Ejecutivo tienen que ver con enmiendas constitucionales en áreas de seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medioambiente. Estos tres bloques temáticos marcan el rumbo de una propuesta que, para los analistas, llega en un momento complejo debido a la crisis en la popularidad del régimen y el reto de llegar con una idea sólida a los sectores sociales que deberán aprobar o rechazar las propuestas.
En el ámbito de seguridad, el Ejecutivo planteó tres interrogantes en torno al accionar de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la extradición de presos y el rol de la Fiscalía. La primera pregunta busca que los militares puedan salir a las calles y ayudar a la Policía a combatir el crimen organizado.
Actualmente, este apoyo sí se ha estado coordinando, pero a través de decretos de estado de excepción. Esta es la única figura legal que permite a las Fuerzas Armadas coordinar operativos en torno a la seguridad ciudadana.
Para los defensores de derechos humanos, esta pregunta podría estar en caminada a restringir derechos. Así lo explica Pamela Chiriboga, jurista especializada en este ámbito. A su criterio, con esta propuesta el Ecuador tendría una política contraria a los estatutos internacionales, ya que tanto la Comisión así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las fuerzas militares solo pueden intervenir de manera complementaria.
La segunda pregunta está relacionada con la extradición de ecuatorianos que han cometido crímenes trasnacionales. Para para expertos militares como Wagner Bravo, la extradición no es una mala idea, especialmente porque en EE.UU. no hay libertades o beneficios para estas personas.
La tercera pregunta tiene relación con la autonomía de la Fiscalía. Para el director del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, Billy Navarrete, la autonomía de la Fiscalía no debe ser separada de la fuerza pública. Es decir, que detenga a las personas sin documentos o procesos establecidos.
El segundo bloque temático centra su atención en la democracia. Aquí la ciudadanía podría decidir la disminución de asambleístas, más control a movimientos políticos; además de quitarle al Cpccs la facultad de designar autoridades.
En la pregunta cuatro, el Ejecutivo plantea que la Asamblea tiene dos problemas. Uno tiene que ver con la proporcionalidad en la representación y otro con la credibilidad. Se propone un Legislativo con 100 parlamentarios. Pero si se tomara en cuenta la proyección de población al 2020, el número de escaños sería 116.
En cuanto a la quinta pregunta, Esteban Ron, experto electoral, dice que este cambio plantea la necesidad de auditorías del Consejo Nacional Electoral y algún tipo de verificación ciudadana.
La pregunta seis es la más fuerte de este bloque. El actual Cpccs ha sido la muestra de las disputas que existen entre los partidos políticos por el control de esa entidad. El constitucionalista Gonzalo Muñoz considera que es muy probable que la Corte Constitucional ratifique que, para restarle facultades a ese órgano, la enmienda constitucional es el camino.
El último bloque está compuesto por dos preguntas en el área ambiental. Por una parte, se busca aumentar las herramientas de protección hídrica a escala nacional y, paralelamente, crear un sistema de compensaciones por la generación de servicios ambientales.
Para Yazmín Calva, defensora del agua, la propuesta de la pregunta siete plantea un escenario ambiguo. A su criterio, la inclusión de las áreas de protección hídrica en la Constitución debe ir acompañada de mecanismos para que la gobernanza de este recurso no solo sea por parte del Estado, sino de las comunidades también.
En cuanto a la octava pregunta, la compensación por los servicios ambientales es, a criterio de Marcelo Chamorro, experto de derecho ambiental, una respuesta a los compromisos internacionales como el Acuerdo de París.
sta pregunta obliga al Estado a crear mecanismos que promuevan los cuatro tipos de servicios ambientales (aprovisionamiento, regulación, cultural y de soporte) y las herramientas para hacerlos más atractivos como, por ejemplo, la emisión de los llamados bonos de carbono o azules.
Preguntas
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dejó el documento elaborado por el Ejecutivo en la Corte Constitucional para que realice el estudio de viabilidad de esta propuesta de reforma.
Proceso de aprobación
El presidente Guillermo Lasso presentó ocho preguntas para la consulta popular. Luego, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó las propuestas a la Corte Constitucional (CC). Allí se debe hacer un sorteo para un juez ponente que haga control de constitucionalidad. La CCC debe analizar preguntas y anexos, para determinar que las preguntas no induzcan a una respuesta.
La CC tiene 20 días para pronunciarse si la consulta tiene preguntas inconstitucionales; puede pedir cambios en la formulación de los ítems; o finalmente dictar la constitucionalidad del documento. Si la Corte no se pronuncia en ese período se entiende la constitucionalidad del proyecto.
Para finalizar sale el dictamen de constitucionalidad y la Corte debe notificar a la Presidencia y al Consejo Nacional Electoral, que tendrá 15 días para convocar a las urnas, algo que debe ocurrir en máximo 60 días, lo cual podría coincidir con las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023.
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